La entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en República Dominicana fue aplazada hasta el 5 de mayo de 2028.
La Ley núm. 88-26, promulgada el 5 de noviembre de 2026, modificó el artículo 31 de la Ley núm. 44-26 y estableció un plazo adicional de 18 meses para la entrada en vigencia de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal dominicano. La prórroga opera con la excepción prevista respecto del artículo 393 del Código Penal.
El aplazamiento es específico para las disposiciones vinculadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y no modifica la entrada en vigor del resto del Código Penal.
Para las organizaciones, la nueva fecha amplía el período disponible para adecuarse, pero no modifica el alcance del cambio.
Las empresas deberán estar en condiciones de demostrar que cuentan con mecanismos efectivos para identificar riesgos, supervisar conductas, recibir denuncias, investigarlas, capacitar a las personas y documentar las decisiones adoptadas.
En otras palabras, el foco ya no está solamente en tener un programa de Compliance, sino en poder demostrar que ese programa funciona.
¿Qué cambió con la Ley 88-26?
El régimen estaba previsto inicialmente para comenzar a aplicarse el 5 de noviembre de 2026.
Durante el tratamiento legislativo de la prórroga, el Senado aprobó inicialmente el 21 de octubre una extensión de 24 meses. La Cámara de Diputados redujo posteriormente ese plazo a 18 meses el 3 de noviembre. El Senado acogió la modificación al día siguiente y el Poder Ejecutivo promulgó finalmente la Ley 88-26 el 5 de noviembre de 2026.
Como resultado, los artículos 8, 9, 10 y 11 comenzarán a aplicarse el 5 de mayo de 2028.
La ampliación del plazo busca permitir que las personas jurídicas realicen los ajustes y adecuaciones necesarios para el nuevo régimen y facilitar, al mismo tiempo, la preparación de las instituciones que integran el sistema de justicia.
Para las organizaciones, esto convierte la prórroga en una ventana de preparación. El desafío no es postergar la adecuación hasta 2028, sino utilizar este período para identificar brechas, fortalecer procesos y generar evidencia de que los mecanismos de prevención y respuesta funcionan efectivamente.
¿Cuándo puede una empresa ser penalmente responsable en República Dominicana?
El artículo 8 establece que una persona jurídica puede ser penalmente responsable por actos u omisiones punibles de sus órganos, representantes o subordinados cuando hayan sido realizados en su representación y sean, al mismo tiempo, consecuencia del incumplimiento de sus deberes de dirección, control o supervisión.
La norma también contempla responsabilidad cuando la conducta atribuible a la organización sea resultado de imprudencia, negligencia, inobservancia de reglamentos o violación del deber de cuidado.
Este punto cambia la perspectiva desde la cual las empresas deben analizar el riesgo penal. La cuestión ya no se limita a determinar quién cometió una infracción, sino también a preguntarse si la organización tenía controles razonables para prevenirla o detectarla.
Además, la responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad penal individual de las personas que hayan intervenido en los mismos hechos. Y puede subsistir incluso después de la disolución de la sociedad o de determinadas operaciones societarias que impliquen el cese de operaciones o la transmisión de su patrimonio.
Para los grupos empresariales también existe una implicancia relevante. El artículo 11 permite extender la responsabilidad a una persona jurídica que ejerza control legal o de hecho sobre otra cuando se demuestre, entre otros supuestos, que intervino, autorizó o toleró la infracción, se benefició conscientemente, generó un defecto grave de organización o incumplió sus deberes de dirección, supervisión y control.
¿Qué exige el programa de Compliance según la Ley 44-26?
Uno de los cambios más significativos introducidos por la Ley 44-26 está en la ampliación de los requisitos mínimos que debe contemplar el programa de cumplimiento.
La normativa establece que el modelo debe adecuarse a la naturaleza, tamaño, actividad y riesgos de cada organización e incluir, como mínimo:
- Una política o código de conducta con obligaciones claras para órganos, representantes y empleados.
- Identificación de los ámbitos en los que existen o pueden presentarse riesgos penales.
- Medidas de control adecuadas para prevenir esos riesgos.
- Programas adecuados y continuos de formación y sensibilización, incluyendo derechos humanos, igualdad, no discriminación y prevención y detección de infracciones.
- Un órgano o departamento con poderes autónomos para supervisar la implementación del programa.
- Procedimientos financieros y contables destinados a impedir pagos, operaciones o beneficios ilícitos.
- Protocolos de actuación ante la detección de riesgos, acompañados de un sistema disciplinario.
- Canales internos de denuncia anónima, protección de denunciantes y reglas contra represalias.
- Procedimientos claros y eficientes para investigar las denuncias.
- Revisión periódica y actualización del modelo.
- Trazabilidad documental de las actuaciones realizadas.
Para las mipymes, la ley contempla un principio de proporcionalidad: determinadas funciones de supervisión pueden ser asumidas directamente por el órgano de administración y las medidas de prevención, debida diligencia y supervisión deben aplicarse de manera diferenciada según la naturaleza, volumen de negocio y nivel de riesgo de cada organización.
Este enfoque exige revisar el programa como un sistema integrado. Políticas, controles, capacitación, Línea Ética e investigaciones no deberían funcionar como procesos independientes, sino generar información y evidencia que permitan evaluar si la organización está gestionando efectivamente sus riesgos.
Como desarrollamos al analizar cómo evaluar la efectividad de un programa de Compliance, cumplir actividades o contar con determinadas herramientas no implica necesariamente que el sistema esté alcanzando sus objetivos. La evaluación debe permitir identificar qué funciona, qué brechas persisten y qué capacidades necesita fortalecer la organización.
Tener políticas ya no alcanza: el desafío es demostrar efectividad
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo régimen es la importancia que adquiere la efectividad real del programa de cumplimiento.
El artículo 8 contempla como circunstancia atenuante que la organización pueda demostrar que, antes de producirse el hecho, contaba con programas de cumplimiento normativo, prevención de riesgos penales y gobierno corporativo adecuados a sus características y que estos eran reales, eficaces, medibles y debidamente actualizados.
También prevé la posibilidad de atenuación cuando existía un programa incompleto o parcialmente eficaz y posteriormente se adoptaron medidas reales de prevención y remediación.
La existencia de un manual, una política o una capacitación aislada, por lo tanto, no constituye por sí sola evidencia suficiente de un sistema efectivo.
La organización necesita poder demostrar cómo identificó sus riesgos, qué controles implementó, quién los supervisó, cómo capacitó a las personas expuestas, qué ocurrió ante una alerta y qué acciones tomó posteriormente.
La diferencia entre un programa formal y uno efectivo aparece, en buena medida, en esa evidencia.
Por eso, el período de adecuación no debería abordarse únicamente como una oportunidad para completar documentación. También requiere analizar si las herramientas y procesos existentes permiten generar la trazabilidad necesaria para acreditar cómo actuó la organización frente a sus riesgos.
Línea Ética: el canal debe formar parte del sistema de prevención
La regulación exige expresamente canales internos de denuncia anónima, protección para quienes reportan y reglas contra represalias.
Esto obliga a evaluar el canal más allá de su mera existencia.
La organización debería preguntarse si las personas conocen los mecanismos disponibles, si pueden realizar reportes de forma segura, si existen criterios claros para gestionarlos y si todo el proceso deja evidencia suficiente para reconstruir posteriormente qué ocurrió con cada caso.
Una Línea Ética efectiva no es solamente un punto de recepción de información. Debe integrarse al programa de Compliance y permitir que una señal de riesgo pueda ser recibida, evaluada, derivada, investigada y cerrada con criterios consistentes.
En este punto, Resguarda puede acompañar el proceso de adecuación mediante la implementación o revisión de la Línea Ética, ofreciendo canales para la recepción de denuncias anónimas y herramientas que permiten administrar los casos y conservar la trazabilidad del proceso.
Para las organizaciones que ya cuentan con un canal, el período de adecuación también representa una oportunidad para revisar si su funcionamiento actual responde realmente a las exigencias del nuevo régimen o si existen brechas entre lo previsto en las políticas y lo que sucede en la práctica.
Investigaciones internas: qué ocurre después de recibir una denuncia
La Ley 44-26 incorpora también como requisito procedimientos claros y eficientes para investigar las denuncias.
Esto conecta directamente el funcionamiento del canal con la capacidad de respuesta de la organización.
No alcanza con recibir un reporte. Es necesario establecer qué casos deben investigarse, quién puede intervenir, cómo se preserva la evidencia, cómo se gestionan posibles conflictos de interés y de qué manera se documentan las conclusiones y decisiones adoptadas.
Como analizamos al abordar los riesgos asociados con las investigaciones internas, un proceso sin método, independencia o criterios claros puede generar nuevos riesgos para la propia organización.
Desde la perspectiva del nuevo régimen, canal e investigación dejan de ser procesos independientes: forman parte de una misma capacidad para detectar, analizar y responder ante posibles infracciones.
En casos que requieren mayor especialización o independencia respecto de las áreas involucradas, Resguarda también acompaña a las organizaciones mediante investigaciones internas desarrolladas con metodología, análisis de evidencia y criterios de confidencialidad e imparcialidad.
La externalización de una investigación no reemplaza las responsabilidades de la organización, pero puede aportar independencia, especialización y capacidad para documentar procesos complejos.
Formación continua: de la capacitación general a la prevención basada en riesgos
La capacitación tampoco aparece planteada como una acción puntual.
La Ley 44-26 exige programas adecuados y continuos de formación y sensibilización. Esto supone pasar de capacitaciones generales a una estrategia vinculada con los riesgos concretos de la organización, las responsabilidades de cada rol y las políticas y controles que las personas deben aplicar en su actividad cotidiana.
Una estrategia de adecuación debería identificar qué poblaciones están expuestas a los principales riesgos penales, qué conocimientos y conductas se esperan de cada grupo, qué contenidos necesitan ser reforzados, con qué periodicidad y cómo quedará documentada la formación realizada.
Resguarda puede acompañar esta dimensión mediante programas de capacitación en ética y Compliance adaptados a los riesgos, sectores y públicos de cada organización.
El objetivo no debería limitarse a acreditar que una persona participó de una capacitación, sino generar conocimiento suficiente para que pueda reconocer situaciones de riesgo, comprender las políticas aplicables y saber cómo actuar o reportar una irregularidad.
Trazabilidad: convertir las actuaciones en evidencia
Uno de los requisitos más transversales de la regulación es la trazabilidad documental.
Su importancia excede la conservación de archivos. Una organización debería estar en condiciones de reconstruir las principales decisiones y actuaciones de su programa: cuándo se recibió una alerta, cómo se clasificó, quién intervino, qué medidas se adoptaron, cómo se investigó y cuál fue el resultado.
La gestión de denuncias con trazabilidad permite conectar las distintas etapas del proceso y generar evidencia sobre la respuesta de la organización.
Este punto también alcanza a políticas, capacitaciones, controles y acciones correctivas. La pregunta relevante es si, frente a una revisión posterior, la organización puede demostrar no solo qué reglas tenía, sino también cómo las aplicó.
¿Qué deberían revisar las organizaciones durante el período de adecuación?
La prórroga hasta mayo de 2028 ofrece más tiempo, pero también permite abordar la adecuación de manera más estructural.
Una revisión útil no debería comenzar preguntando únicamente si la empresa “tiene Compliance”.
Debería determinar si los riesgos penales asociados con su actividad están identificados y actualizados; si existen controles específicos para los principales riesgos; si están claramente definidas las responsabilidades de supervisión; si el canal permite realizar denuncias anónimas y proteger a quienes reportan; si las denuncias pueden derivar en investigaciones consistentes y trazables; si las personas reciben formación periódica vinculada con sus responsabilidades; si las decisiones y acciones de remediación quedan documentadas; y si existe un proceso para revisar y actualizar periódicamente el modelo.
La respuesta a estas preguntas permite identificar qué requisitos ya están cubiertos, cuáles necesitan ajustes y dónde existen brechas operativas.
En esta etapa, el acompañamiento de Resguarda puede concentrarse precisamente en esas capacidades: revisar o implementar la Línea Ética, fortalecer la gestión trazable de las denuncias, desarrollar investigaciones internas y diseñar capacitaciones vinculadas con los riesgos y responsabilidades de cada organización.
No se trata de reemplazar el análisis legal ni el diseño integral del programa de cumplimiento, sino de fortalecer componentes concretos que la normativa reconoce como parte necesaria de un modelo efectivo.
18 meses para adecuarse: por qué la prórroga no debería convertirse en una postergación
La Ley 88-26 cambia el calendario, pero no reduce las exigencias previstas para las personas jurídicas.
Los requisitos relacionados con programas proporcionales al riesgo, controles efectivos, canales de denuncia, procedimientos de investigación, formación continua y trazabilidad permanecen como parte del régimen que comenzará a aplicarse en mayo de 2028.
Por eso, el período adicional puede resultar especialmente valioso para las organizaciones que todavía necesitan pasar de un modelo principalmente documental a uno capaz de generar evidencia sobre su funcionamiento.
Esperar hasta los meses previos a la entrada en vigor implicaría abordar de forma simultánea procesos que necesitan tiempo para madurar: comunicar un canal y generar confianza en su uso, capacitar a diferentes poblaciones, probar procedimientos de investigación, revisar controles y construir registros suficientes para demostrar cómo opera el sistema.
La adecuación no debería medirse únicamente por la fecha en que cada requisito fue formalmente implementado, sino por la capacidad de la organización para demostrar que esos mecanismos funcionan en la práctica.
De la adecuación normativa a la capacidad de demostrar
El régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas representa un cambio relevante para la gestión de Compliance en República Dominicana.
La Ley 88-26 amplió el período disponible para prepararse, pero mantiene intacta la dirección del cambio: la calidad del programa se medirá cada vez menos por la cantidad de políticas existentes y cada vez más por su capacidad para funcionar en la práctica y dejar evidencia de ese funcionamiento.
Para las organizaciones, adecuarse supone conectar prevención, detección, investigación, formación y documentación dentro de un mismo sistema.
Resguarda acompaña ese proceso desde componentes centrales del nuevo modelo: Línea Ética, gestión y trazabilidad de denuncias, investigaciones internas y capacitación en ética y Compliance.
El plazo cambió. El desafío de fondo, no: en materia de Compliance, la existencia del programa importa, pero su verdadera fortaleza está en poder demostrar que funciona.


