Además, la práctica demostró que la lucha en solitario de un Estado contra la corrupción no tiene tanta eficacia como cuando se suman ciudadanos honestos que aportan datos detallados y concretos.
Construir esta realidad en los países donde estos sistemas funcionan no fue fácil. Los primeros denunciantes fueron despedidos y algunos hasta llegaron a ir a la cárcel, pero luego, en la mayor parte de los casos, se los reincorporó y hasta cobraron recompensas que llegan al 30% de los montos que el fisco recuperó gracias a los datos que revelaron.
En este sentido, las líneas de denuncia cobran mayor importancia, ya que los recursos tradicionales para detectar irregularidades muchas veces fallan. Tal es así que en 2015 el Instituto de Auditores Internos publicó una encuesta en la que el 55% de sus miembros decía haber recibido órdenes para omitir informar fallas dentro de las organizaciones y a un 49% les instruyeron que directamente no auditaran determinadas áreas de alto riesgo. Este estudio dejó en claro la enorme oportunidad para los denunciantes, que al contar ahora con leyes que los protegen pueden incluso de modo anónimo revelar los datos de fraudes o estafas y reclamar el suntuoso pago por su buen accionar.
Según la Encuesta Nacional de Fraude Empresarial de EE.UU., 62 millones de trabajadores de ese país fueron testigos de estafas o conductas incorrectas en sus espacios laborales. Además, el informe agrega que se cree que 9 millones de empleados que reportaron ilícitos en sus empresas fueron castigados, pero esto es cada vez más denunciado.
A esto hay que agregar que los denunciantes son la fuente de información más eficaz para detener conductas criminales dentro de las organizaciones, incluso más que el Estado y las fuerzas de seguridad. En el día a día de las compañías, se supo que los denunciantes descubrieron muchos más fraudes que todas las políticas gubernamentales y las autoridades regulatorias, y revelaron más fraudes, incluso, que los auditores corporativos profesionales.
Para visualizar esta realidad, basta con saber que, entre 1986 y 2016, el gobierno norteamericano con sus distintas dependencias combatió los casos de fraude en su contra y pudo recuperar $15.347 millones de dólares. En ese mismo período, con la ayuda de denunciantes, recobró $37.685 millones de dólares; más que el doble, siendo más eficaz y a un menor costo. Esto impacta fuertemente en las organizaciones y en las estructuras estatales que están cambiando su modo de trabajar y sus culturas, dándoles a los denunciantes el rol de sacar a la luz fallas o ilícitos que al ser resueltos resultan en ganancia en valores para toda la sociedad.
Es esperable que estas normas en el corto y mediano plazo se repliquen en América Latina y de esta forma dar un nuevo y trascendental paso en la lucha contra la corrupción en estas latitudes.
Fuente: Diario La Nación
